sábado, 30 de julio de 2016

España acaba en el 2029

La declaración por parte del Parlament de llevar a cabo el RUI puede ser la ‘puntilla’. Decía Alexandre Deulofeu, farmacéutico y pensador, filósofo de la historia e historiador de la cultura, que “Catalunya alcanzará su independencia en el año 2029". Y así lo dejó escrito en plena dictadura franquista. Este gironí ya fallecido, nació en 1903 en l'Armentera, pueblo del Empordà. Se crio en Figueras, en la calle Monturiol, ante la casa de los Dalí. Ahora es la tesis matemática que maneja desde hace un tiempo, Juli Gutiérrez Deulofeu, que heredó de su abuelo, con el libro ‘La Matemática de la Historia. Alexandre Deulofeu o el pensador global”.

Según esta teoría, los efectos de la crisis económica, la corrupción, el debate territorial encabezado por el proceso soberanista en Cataluña, el control sobre la política económica ejercida desde Bruselas y Berlín ponen en tela de juicio la solidez de una España que en el pasado fue un gran imperio. Ante todo ello, sostiene Gutiérrez, resulta inevitable preguntarse cuál será el futuro del país. “Lejos quedan los tiempos en los cuales, como pregonaba la frase en época de Felipe II, en el Imperio español nunca se ponía el sol”. Su abuelo aplicó su teoría de la Matemática de la Historia al Imperio español y su conclusión fue que, como tarde, España se desmoronaría del todo en 2029. La crisis social, económica y política que afecta actualmente a España daría la razón a Deulofeu, quien ya acertó a mediados del siglo pasado cuando predijo la reunificación y el futuro liderazgo de Alemania o la caída de la Unión Soviética.
                                               
                        
El RUI puede ser el desencadenante de esa ruptura definitiva. El referéndum unilateral de independencia es una herramienta de legitimación internacional. El primer referéndum no acordado que se conoce es el de Australia Occidental el 8 de abril de 1933. Para decidir sobre los efectos del voto se hizo una petición al Parlamento Británico, que se negó a considerarla, al ser la unión de la Federación Australiana 'indisoluble' según su constitución. Desde entonces cientos de RUIs de han llevado a cabo.

Estos referéndums de independencia no suelen tener un mínimo de participación ni una mayoría reforzada. Pero hay antecedentes de que puede ser así. La ONU, en regímenes no democráticos que no respetan el estado de derecho, exigió un mínimo de participación y una mayoría del 60% para avalar el referéndum como la mejor fórmula. Gutiérrez explica a través de esa Matemática de la Historia de dónde viene, dónde está y hacia dónde va lo que queda del Imperio español y lo que puede quedar después de su disolución…

J L Herrera Vega
Ciències de la Informació i de la Comunicació
El Comunicado

viernes, 22 de julio de 2016

Asuntos de Estado

Otra semana de estirar más el brazo que la manga. A cada ciudadano español el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le cuesta 4,8 euros. Este viernes el ejecutivo en funciones dota con 60 millones más al CNI para luchar contra el terrorismo yihadista. La huida hacia delante por parte del gobierno central cada vez que le recuerda que en tiempos de crisis es desmesurado otro gasto más de este tipo es, que es una cifra que dista mucho de lo que pagan los ciudadanos de otros países por agencias de inteligencia similares.

En cambio hay que presenciar que de nuevo este mes de julio, la Seguridad Social ha necesitado recurrir al Fondo de Reserva por segunda vez. En la primera ocasión lo hizo para hacer frente a la paga extraordinaria de julio. En esta segunda han sido 1.000 millones para liquidar el IRPF de los pensionistas con Hacienda. Entre ambas disposiciones, en julio el Ministerio de Empleo ha sacado 9.700 millones de la hucha de las pensiones. Lo que supone que escasamente le quedan dos años más para hacer frente a esos pagos. El problema, grave problema, es que a este paso dentro de dos años nadie sabe aún como se sufragarán los compromisos de la SS.
 
                                   
                                        
Como digo, la excusa del PP es que ese gasto del CNI es inferior al de otros departamentos de inteligencia en otros estados, pero en esas administraciones no tienen que depender de fondos para las pensiones para sufragar gastos sociales, por ejemplo.Así el Consejo de Ministros ha aprobado dotar con esos 60 millones más, con vistas a la renovación tecnológica y la inversión en infraestructuras para la lucha contra el terrorismo yihadista y la ciberseguridad. Otra vez y van unas cuantas, el Gobierno en su línea habitual, mediante un acuerdo, ha modificado los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria con el fin de adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, más allá de 2016, según consta en la referencia del Consejo de Ministros.

Con la excusa de las ‘amenazas’, ciertas o no, es cuando los gobiernos autoritarios modifican las leyes para hacer cambios en los que casualmente, no se puede revelar y por lo tanto conocer, la necesidad exacta del uso de esos fondos por ser “Asuntos de Estado”. Aunque se destinen en esos 500 nuevos agentes para la vigilancia de un territorio que no comulga con sus ideales, o al especial ‘seguimiento” de los independentistas que lo secundan. La seguridad es y siempre ha sido, una buena excusa para los Estados ‘poco trasparentes’ con gastos a sus intereses idealistas y partidistas…

J L Herrera Vega
Ciències de la Informació i de la Comunicació
El Comunicado

viernes, 15 de julio de 2016

Vergüenza

Las grabaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el ahora exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, revelaron clara y llanamente la existencia de un plan en la sombra dirigido, supuestamente sino había alguien de más arriba, por el ministro para desprestigiar la causa del soberanismo y el independentismo catalán. Fernández Díaz se ofrecía incluso a hacer gestiones con el entonces fiscal general, Eduardo Torres Dulce.

Ahora se ha conocido, una vez más la realidad del sistema judicial en España. La Fiscalía General del Estado ha concluido que no ve constitutivo de delito ninguno de las actuaciones derivadas delas grabaciones. De esta manera, el ministro, aforado ante el Tribunal Supremo, no será investigado por los presuntos delitos de preconstitución falsa de pruebas, prevaricación, ni por los restantes tipos penales ya que la Fiscalía no ve “indicios suficientes” como para iniciar una investigación.
 
Cabe recordar que el pasado 23 de junio, ERC presentó una denuncia contra el ministro y De Alfonso ante la Fiscalía de Barcelona por los supuestos delitos de prevaricación, revelación de secretos y tráfico de influencias. "La literalidad de la conversación demuestra la intención de los interlocutores de promover investigaciones prospectivas sobre determinadas personas por el simple hecho de su adscripción política pública o su relación familiar con políticos y, por lo tanto, sin vinculación con la existencia de indicios de ilegalidad previos", decía la denuncia presentada por Esquerra Republicana de Catalunya. 
                                       
Una vez más, es la vergüenza consumada de un estado que se considera democrático y justo. Jorge Fernández Díaz ministro del Interior en funciones, no cometió ningún delito al conspirar con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso para llevar a la Fiscalía y airear en los medios supuestos asuntos de corrupción relacionados con políticos o partidos catalanes. Así lo sostiene la Fiscalía del Tribunal Supremo, que, tras analizar la denuncia presentada contra él por ERC y las grabaciones de esas conversaciones reveladas por el diario 'Público', ha concluido que de estas "no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigación penal por preconstitución falsa de pruebas, prevaricación administrativa ni por los restantes tipos penales" recogidos en la denuncia, según un comunicado de la Fiscalía General del Estado.

En cambio hace hincapié en que el Ministerio Público todavía no se ha pronunciado sobre los posibles delitos que hubieran podido cometer De Alfonso, así como otras personas que aparecieron en las conversaciones y que no están aforadas. En ese caso, las actuaciones, según el comunicado, se han enviado a la Fiscalía Provincial de Madrid, para que valore la posible existencia del delito de revelación de secretos denunciado.
Respecto a la posible existencia del delito de malversación de caudales públicos, se ha remitido copia de las actuaciones a la Fiscalía de Barcelona, a fin de que proceda a su investigación, según el comunicado. Todo para que, una vez más, desviar la atención y que todo se vaya diluyendo en el tiempo o page el mensajero…
 
 
J L Herrera Vega
Ciències de la Informació i de la Comunicació
El Comunicado     

viernes, 8 de julio de 2016

La Justicia Española


Una más. El juicio a Leo Messi y su padre y la posterior condena a 21 meses de cárcel por tres delitos fiscales entre 2009 y 2011, tiene un nombre propio por el relevante papel que ha ejercido a lo largo de todo el proceso. Este es el de la Abogada del Estado, María Silva Lapuerta, que siquiera por dignidad democrática, debería haberse personado, como si ha hecho el resto del Servicio Jurídico del Estado, por su pasado madridista entre otros excargos.

Mientras la Fiscalía no vio motivos para acusar al argentino, la Abogacía del Estado se convirtió en la única parte que pidió condena en firme para el jugador azulgrana, a pesar de declarar que no estaba al corriente de ninguna de las operaciones que se llevaban a cabo con su dinero. ¿Cómo es que la ciudadanía o la prensa deportiva catalana no muestran su rechazo más enérgico ante este despropósito?

María Silva Lapuerta es la máxima responsable del Servicio Jurídico del Estado, es decir, la responsable de decidir si el Estado se persona en una causa como acusación particular, como hizo en el juicio al jugador del FC Barcelona.

 La actual directora del servicio jurídico del Estado ha demostrado tener una doble vara de medir a la hora de personar al Estado como parte de la acusación. Mientras ataca al Barcelona, deja pasar casos como el de la contabilidad B del PP. Quizás que sea sobrina del extesorero popular Álvaro Lapuerta tiene alguna relación.

Esta exempleada del Real Madrid y muy cercana a su presidente, Florentino Pérez, es la responsable de que se haya mantenido la querella contra leo Messi (a pesar que la Fiscalía la retirara) y que no parara hasta inculpar a Leo Messi y su padre. Ahora será el Tribunal supremo quien dimirirá en la apelación. Pero la mano oscura de Florentino Pérez que maneja los hilos en la sombra ya se ha salido con la suya.

Esta fiscal ha sido la responsable de mantener esta iniciativa de acoso hacia el jugador argentino. Forma parte de los abogados del Estado de 1996 y la hija del ministro franquista de Obras Públicas Federico Silva Muñoz, que estuvo en su cargo entre 1965 y 1970.

Aparte de haber trabajado entre el año 2000 y 2006 formando parte de la directiva del Real Madrid durante la primera etapa de Florentino Pérez convirtiéndose en una persona de confianza del presidente blanco. Siendo una asidua a la planta noble del Santiago Bernabéu.

Además es reseñable que haya tenido un cargo en Sacyr Vallehermoso bajo la presidencia de Luis Ribero, expresidente del Real Madrid y encausado en la contabilidad B del PP. Cargo que fue impuesto por quien sino, Florentino Pérez, que ahora habrá reclamado la devolución del favor sin haberlo siquiera pedido.

Añadiendo que Silvia Lapuerta es sobrina del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, que según los papeles de Bárcenas la empresa Sacyr -mientras ella era trabajadora de la misma- hizo aportaciones en negro a la caja B del PP. No es de extrañar que la Abogacía del Estado no se personase como parte de la acusación en dicho caso.

En cambio tanto como con Leo Messi como con el FC Barcelona por el caso Neymar, en la que también fue responsable de la acusación y del juicio, no ha tenido remordimientos. Este es otro ejemplo de la justicia española. Lo que me extraña es que no haya más investigación periodística en este caso. No haya más ‘ruido mediático’ por parte de los medios catalanes al presenciar el escarnio hacia unos y el perdón para otros. En fin, una más…

J L Herrera Vega
Ciències de la Informació i de la Comunicació
El Comunicado

viernes, 1 de julio de 2016

“País de mierda”


Como se ha podido apreciar tras los últimos comicios, España no tiene remedio. Que el partido más corrupto de los últimos años, haya vuelto a ser el más votado, indica algo que reviste no ya su gravedad, que la tiene, sino la manera de pensar de una ciudadanía que no tiene absolutamente nada que ver con la idea de higiene y salud que ha de atesorar un Estado democrático. Solo en lo que va de este año se pueden nombrar los siguientes ejemplos de corrupción;
                                                                  
Casos como el de Acuamed, donde Más de 20 millones de euros de fondos públicos han sido desviados en el fraude de las desaladoras. Donde la trama despachaba directamente con el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.

El de Rita Barberá y la Operación Taula, donde el PP valenciano fue disuelto (todo el PP de la ciudad de Valencia) por corrupción de varios cargos, instituciones y entidades bajo su control. Mientras tanto, el Partido Popular, allá por el mes de febrero, blindaba a Rita Barberá para que siga como aforada.




El de José Manuel Soria y los Papeles de Panamá, con José Manuel Soria, ministro de Industria de Rajoy (¿se acuerda alguien de cuando Mariano prometió dimitir si alguien del Gobierno nombrado por él cometía un delito?), apareció en los Papeles de Panamá como director de una sociedad en el paraíso fiscal de Bahamas.

El caso FernadezGate, donde Jorge Fernández Díaz conspiró con Daniel de Alfonso, el jefe de la Oficina Antifraude catalana, para fabricar escándalos inexistentes contra ERC y CDC. Una puntualización y sólo una, de las grabaciones que ha desvelado Público: “Les hemos destrozado el sistema sanitario, les hemos acusado, estamos jorobándoles el CTT…”

La corrupción urbanística del alcalde de Granada, (ex ahora) José Torres Hurtado, y su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, fueron detenidos en el mes de abril por su implicación en una trama de corrupción urbanística. Donde poco después, ambos dimitirían. El pasado domingo, 5.000 granadinos más que en diciembre votaron al PP.

Otra vez con la caja B del PP. Donde a principios de este mes, el Partido Popular pagaba la fianza de más de un millón de euros que le había solicitado el juez  por las obras en su sede con la ya célebre caja B de Bárcenas (se acuerdan del “Luís, se fuerte” de Rajoy?)

O a vueltas con la Púnica. Narciso de Foxá, actual alcalde de Majadahonda, ha sido implicado en la trama. Concretamente, por adjudicar a una de las empresas de la trama, Alfedel, la construcción de un colegio concertado en la localidad madrileña.

A estas graves y corruptas acciones del Partido Popular, formación que ha ampliado la mayoría absoluta en el Senado que obtuvo en las elecciones generales del 20 de diciembre pasado y que ha vuelto a tener más votos que ningún otro partido para el Congreso, solo puedo añadir las palabras que el Actor Jose Sacristán hizo para Publico.es; “Con todo lo que se sabe, muchos volverán a ser votados y habrá que admitir que somos un país de mierda”. “Naturalmente, el país no son solo los políticos, sino el conjunto de ciudadanos.” Ahí es nada. Se puede decir más alto, pero más claro…

J L Herrera Vega
Ciències de la Informació i de la Comunicació
El Comunicado