La historia de ambas en el devenir preconstitucional de sus inapelables actuaciones y opacas colaboraciones ha sido sangrante, abusiva, desmesurada e injusta. Desde la instauración de la Constitución en la última etapa democrática no hace falta esforzarse para percibir que la Justicia sigue en muchos caso igual, desempeñado un papel servil de instrumento del gobierno. Por cuanto la función de juzgar, es puramente un problema político.
Hacer política de esta manera es no querer responsabilizarse de decisiones que por otro lado la política en democracia sin más, dictaminaría sin tensiones por higiene social. Se trata de una cuestión compleja, con muchos matices, pero soberana y lícita. Y no depender de la balanza de quien apruebe esas resoluciones juridico/politicas. Eso lo podemos constatar en estos momentos con las decisiones del Ministerio de Justicia o especialmente con el Tribunal Constitucional (TC).
Ahora nos encontramos con la nueva que este tribunal anhela que en los próximos tiempos se produzca una mejora en el diálogo político que evite la conflictividad que en Cataluña, y no solo en esta comunidad, como la que se ha registrado en los últimos meses en el resto del Estado. Así lo ha manifestado este pasado jueves el presidente del alto tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, en conversación informal con los periodistas que han acudido a cubrir la presentación de la nueva página web del organismo. El presidente, no obstante, ha recordado que para que exista diálogo político es premisa que se cumplan las leyes y las resoluciones judiciales. Entonces ¿de qué hablamos?
No se entiende que sea la justicia la que salga a defender ese posicionamiento cuando ese tribunal está gestionado por jueces afines al partido político que gobierna. Este mismo presidente del Constitucional, Pérez de los Cobos, pagó cuotas de militante del PP entre el 2008 y el 2011 e hizo el abono al partido cuando ya era magistrado. Cuando ‘su Constitución’ prohíbe la afiliación política y exige total independencia. Es como poner al zorro guardando el gallinero y echarle las culpas a las gallinas de su destino.
Habrá que recordar por enésima vez que en los últimos años el Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad diversas resoluciones políticas de la Generalitat y el Parlament catalán, como la consulta popular democrática del 9 de noviembre de 2014 o la declaración del legislativo autonómico del 9 de noviembre del año siguiente. Incluso por mayoría de 8 a 3 declaró inconstitucional la ley catalana que prohíbe las corridas de toros y aprobó la ley promovida por el Gobierno central que otorga al Constitucional nuevas competencias para hacer cumplir sus resoluciones. Claramente concebida para hacer frente a cualquier tema soberanista relacionada con la política catalana. ¿Es o no es eso judicializar la política?...
J L Herrera Vega
Ciències de la Informació i de la Comunicació
El Comunicado
